Este martes 7 de enero, el proyecto de nueva Ley Universitaria será -si Mora lo logra- llevada al Pleno. El fondo del proyecto es la reforma y regulación de las universidades peruanas en el marco de una catástrofe educativa que, como dije en un anterior artículo, gira en torno a la calidad. Pero no sucede lo mismo con el debate, que más bien gira en torno a si debe o no reformularse la regulación universitaria. Los argumentos no son precisamente por la autonomía frente al Estado, aunque la ANR y los privados quieran hacerlo parecer así.

Esto aparece como tarea difícil porque implica que se muevan intereses particulares que lucran con la educación, como ya está pasando. Los primeros vienen del Congreso, que, en conflicto de interés y desde varios partidos, se oponen. Los segundos vienen de los grupos empresariales que tendrían regulados sus millonarios negocios: la FIPES, lo que les recortaría sus ganancias en el corto y mediano plazo, o las llevaría a su extinción. Hasta el medio de comunicación más poderoso del país: El Comercio, tiene sus intereses ahí, por lo que ya está haciendo su jugada. Y todo ellos es lógico pues resulta un contrasentido intentar regular un negocio tan millonario.

Hay que reconocer que la ley planteada contiene reformas importantes en materia de regulación para mejora de la calidad (acreditación, formación de institutos de investigación, etc.) Sin embargo, debe enfatizarse que ello no implica la eliminación del problema de fondo, y que acrecentó la crisis educativa luego de los 90s al tergiversar el concepto de educación como un derecho y colocándolo como una mercancía, con el Decreto Legislativo 882.

Si se llega a aprobar una ley así, por más regulación que haya, los empresarios pueden hacer trampa desde muchos flancos. Precisamente, siendo una mercancía, son negociable los planteamientos. ¿Un ejemplo? el de la creación de universidades, que no responde a las necesidades del país, sino, en principio, a "la demanda cuantitativa y cualitativa insatisfecha de las carreras propuestas en su ámbito de acción". Es decir, al mercado. Si se requiere más profesionales formados al servicio de la especulación, los bancos estarán prestos o fundar sus universidades (o a comprarlas como Interbank). Si se requiere más profesionales al servicio de la explotación minera con la menor cantidad de restricciones posibles, pues estarán en la misma onda (los Buenaventura, los Romero, los Graña y los Hochschild ya lo hicieron).

Con fines de lucro, la educación es una herramienta, primordialmente, para ganar dinero. En un balance costo-beneficio, las decisiones se harán prioritariamente sobre lo que más conviene al empresario (generación de ganancias). Con esto, se generará más competencia por ganar alumnos, por tener más títulos, más prestigio: más ingresos. Regulada y todo, no está al servicio de la sociedad, sino de manos privadas, que pueden utilizar sus recursos técnicos y monetarios para sus intereses. Y esto podría llevarnos a una crisis en el mediano plazo, pero con la diferencia de que el lucro estará legitimado por la ley y difícilmente será puesto en cuestión, porque se encontrará "otros culpables" diferentes al mercado. En el largo plazo, tendremos una educación superior privada de lucro consolidada y expuesta a los vaivenes y decisiones empresariales: negociazo (pero solo para los más grandes de los grandes - dejando a las de menos capital sin negocio-, y luego de un tremendo shock).

¿Acciones? El día lunes 6, la FEP (Federación de Estudiantes del Perú) ha convocado una marcha por el archivamiento para el día lunes 06 de enero. Los motivos son, precisamente, que este proyecto de ley no toca los fines de lucro. Sin embargo, esto cerraría las puertas  (por lo menos durante varios años) para la posibilidad de reformar la universidad peruana. Entonces, ¿qué hacemos? Presionemos, movilicemos, hagamos bulla, PROPONER. Para que escuchen a los estudiantes, profesionales y docentes y realmente haya cambios en la educación peruana. Esa es la opción por la que debemos ir. Para ello, es necesario conversar y unir fuerzas aprovechando las puertas disponibles.

¿Demandas? Es necesario que la ley contemple mecanismos adicionales, lo cual supone actuar sobre la Constitución y leyes aparte de la Universitaria. Se debe eliminar el Decreto legislativo 882, que pone en venta la educación en el país. Actualmente, la primera plantea ambiguamente que la educación es un derecho y, a la vez, un bien entregable al mercado. Por ello, es urgente también la supresión del artículo 58 (que contempla el lucro en otros sectores también como el de salud). 

PD: Ojo que esto no implica que, actualmente, las universidades asociativas no estén al margen del lucro. La ley 882 que permite que sus equipos rectorales puedan hacer reajustes de las pensiones a los alumnos amparándose en ella, de acuerdo a lo que más convenga.