La propuesta de reformar la Ley Universitaria vigente en el Perú está en debate. Entre el Congreso y la Asamblea Nacional de Rectores, especialmente. Aun cuando la FEP se ha pronunciado y protestado públicamente por lo que se propone, los estudiantes universitarios no dan señales de discusión abierta en sus claustros sobre la situación universitaria en el país.

Hay dos puntos principales de la reforma. La primera es la instauración de una Autoridad Nacional de Educación Universitaria. Así, tendríamos la regulación desde el Estado a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas y CONCYTEC. Hay que tener cuidado con el tema de la regulación, que en la práctica puede convertirse en intervención. Si es así, la situación se vuelve peligrosa porque a la propuesta se suma la CONFIEP, con lo que tendríamos la intervención no solo estatal sino del poderoso empresariado del país. El segundo es la supresión de la ANR. Quienes la dirigen son rectores de las propias universidades que deben evaluar, con lo que tenemos conflicto de intereses, y  que se verían afectados.

Primero, hay que situarnos. El punto de partida para la discusión es el argumento de la calidad. Para el sentido común, existe baja calidad en todos los niveles educativos. La educación superior resulta relevante no solo porque forma a los profesionales para el país, sino porque su acceso es clave para el ascenso social de los individuos y sus familias. El escenario actual para la universidad peruana en general es de crisis. La pública, por motivos que van desde el escaso presupuesto hasta la corrupción de sus autoridades, ante la indiferencia de los sucesivos gobiernos nacionales; y la privada con fines de lucro, cuya expansión desmedida ha puesto en riesgo la calidad de sus profesionales, tanto por el régimen de docentes (por horas), como por su escaso contenido crítico (solo llevan cursos para su profesión) e infraestructura insuficiente (no campus, sino edificios pequeños y cerrados).

Ahora, el argumento disparador de la urgencia de una reforma en estos momentos de la historia es el de la competitividad internacional: no hay ninguna universidad peruana entre las 500 mejores del mundo, lo cual es cierto. Y es que ahora las universidades compiten no solo con sus pares nacionales (lo que permite que hasta las asociativas deban buscar formas de mejorar su “oferta educativa” por medio del alza de pensiones), sino hasta internacionales, midiéndose a través de los ránkings como ARWU de Shanghai o The Times Higher Education de Inglaterra, basados en criterios cuantitativos de investigación y premios.

Pero ¿Cómo hemos llegado al modelo de universidad actual? La Reforma de Córdoba en Argentina, de 1918, es el hito más importante para pensar nuestra universidad latinoamericana y, por tanto, la peruana. Gracias a ella,en un contexto de desfase entre la universidad (escolástica, de élite) y la sociedad (que empezaba a hacerse industrial, de clases emergentes) se obtuvieron dos logros muy importantes: el cogobierno estudiantil y la libertad de cátedra (Mariátegui 2005: 122), junto con la autonomía. Tal reforma repercute en el Perú y tiene cabida gracias a los movimientos estudiantiles progresistas, los que buscan liberar la educación peruana para las clases emergentes. Es importante ver cómo la autonomía ha brindado posibilidad de pensamiento crítico de los claustros frente a la influencia de los gobiernos en el Estado.

El segundo hito se encuentra a comienzos de los 60s. Se fundan nuevas universidades para impulsar la modernización del país en diferentes zonas del Perú, aumentando de 9 en 1960 a 26 en 1965 (CVR 2003: 606). Pero es en este contexto de mayor matrícula que el presupuesto del Estado asignando a ellas disminuye proporcionalmente y las abandonan en términos económicos y políticos (de lucha ideológica), situación que continuó por varias décadas, incluso hasta la nuestra [1].

El debilitamiento estudiantil actual no es gratuito, y sus consecuencias son graves también. A lo largo del siglo XX, los movimientos han estado influenciados fuertemente por el (ahora neoliberal) APRA, y luego los partidos de izquierda (principalmente el PCP-Patria Roja). Una interpretación crítica del país y una esperanza de la transformación social permitía mantener vivo el movimiento [2]. Eso, hasta que Sendero Luminoso las penetró, y el Estado contratacó en los 90s. Así, estudiantes terminaron alejándose involuntariamente de la universidad [3] y muchos de los que quedaron, del pensamiento crítico. Los estudiantes de izquierda y dirigentes (entre varios otros sospechosos inocentes) fueron perseguidos, torturados y asesinados. La crítica va perdiendo legitimidad con Fujimori y su discurso antipolítico neoliberal. Parece terminar por asentarse y reforzarse en la historia más reciente con el discurso emprendedurista y anti “pesimista” promovido por Alan García y su Marca Perú en su segundo gobierno.

Hasta hoy, el número de universidades ha crecido enormemente, junto a los universitarios. Y esto se debe al tercer gran hito en educación universitaria. Si para 1990, las universidades públicas sumaban 28, y las privadas 23 (CVR 2003: 606); para el 2010, las públicas suman 35, y las privadas 65 (INEI – ANR: 2011: 19). Las nuevas privadas son universidades-empresa que permite el Decreto Legislativo 882, promulgado en 1996. Sus motores no son ni la calidad académica, ni las demandas laborales ni las necesidades de desarrollo del país, sino de rentabilidad para su negocio (Cinda - Universia 2011: 99). Ya no se trata de universidades asociativas [4] en que pueden cogobernar los estudiantes o haya libertad de cátedra, sino solo gerentes cuidando el capital del inversionista, con maestros contratados a criterio de la empresa. Han convertido la educación en un bien transable, una mercancía, y por tanto, accesible para quienes pueden pagarlo. La “inversión en educación” ha pasado de ser beneficio para la sociedad en beneficio para ciertos empresarios que forman trabajadores para las empresas sin capacidad de cuestionar su mundo. [5]

Hoy, los estudiantes universitarios no se preocupan por pensar el país para transformarlo, sino en formarse para conseguir un puesto de trabajo, enfrentados en competencia con otros. Es la lucha por conseguir cartones y ascender socialmente. Los representantes estudiantiles en las universidades no siempre representan los intereses de la comunidad para su desarrollo, por más elegidos que sean. En algunos casos de las universidades públicas, se alían con decanos, con rectores. En otras, privadas, entran a los cargos para hacer currículum o ganar reconocimiento.

Contrariamente a lo que se nos hacen pensar, la solución a los problemas sociales no es (meramente) técnico, sino (prioritariamente) político. Hay que colocar el interés nacional antes que los particulares a costa del primero. Las primeras preguntas que debemos responder sobre la educación superior que tenemos, entonces, no son sobre la calidad, sino qué profesionales queremos para el futuro. ¿El fin de la universidad es formar trabajadores para que las empresas obtengan la mayor cantidad de utilidades posible o es formar profesionales que sean capaces de pensar su realidad actual de manera crítica y así proponer soluciones para los problemas sociales? Debemos partir de necesidades reales (laborales, estructurales) y no de lo que las empresas requieren para acumular más capital. Por eso, es prioritario eliminar antes que nada (la reforma de la obtención de grados, por ejemplo, que ya salió) la figura de la universidad con fines de lucro, porque si hacemos lo contrario estaríamos reforzándola y trabando su futra eliminación (bajo el argumento de que sus procedimientos son legales).

Con ello, debemos pensar en los logros históricos para una real democracia. La lucha por la autonomía es por asegurar que la universidad se mantenga al margen de los intereses de los poderes formales y de facto (el gobierno de turno, la Iglesia Católica, las empresas); que la representación estudiantil luche por los intereses de los estudiantes y por su relación con el país sin caer en el pragmatismo; y que ambos procesos se den de forma democrática y sin generar corrupción o caudillismos.

Ahora, el punto de partida es la calidad. Pues, pensemos en ella. ¿Cómo saber que nos acercamos a los estándares internacionales si no los hemos discutido primero y más bien creemos a priori que el Estado y los empresarios la asegurarán sin saber qué es?¿Cuáles son los criterios que debemos seguir? Muchos estamos de acuerdo en que el fomento de la investigación es parte de ello. Empero, es increíble que los institutos de investigación no se pronuncien abiertamente sobre el tema. ¿Dónde están GRADE, CIES, CISEPA, etc.? ¿Están trabajando con el Congreso y no lo sabemos? ¿Están organizando eventos en auditorios o qué?

Sí, necesitamos un organismo de control, pero ¿cómo lo conformamos para no amenazar ni la autonomía ni la calidad? Por eso, es positivo el cuestionamiento que se ha hecho a la Asamblea Nacional de Rectores, un club de asalariados que no vela más que por sus propios intereses. Tampoco podemos permitir que el empresariado más poderoso entre porque ha demostrado que puede cooptar al Estado y presentar sus intereses particulares como generales.

Una gran diferencia entre Córdoba y ahora es que ya no somos los estudiantes quienes pedimos a gritos una transformación, sino el Estado. Lo peor es que no es por la sociedad a las que nos está llevando, sino porque no entramos en los ránkings internacionales: es pura competencia. Esto dice mucho de ellos, pero también de nuestra generación. Hemos dejado de pensar en colectivo y eso nos resta capacidad de iniciativa, discusión abierta y propuesta conjuntas. ¿Seguiremos esperando a que nos cambien las leyes cuando podemos (y debemos) exigir participar en ello?

Para discutir y actuar.

BIBLIOGRAFÍA:

CINDA - UNIVERSIA. Educación Superior en Iberoamérica –Informe 2011. 2011.

COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Informe Final. 2003.

INEI – ANR. II Censo Nacional Universitario 2010. Principales resultados. 2011.

MARIÁTEGUI, José Carlos. 7ensayos de interpretación de la realidad peruana. 2005.

NOTAS:

[1] Aunque hay que tomar en cuenta que la presencia de MOVADEF abrió la posibilidad de que se pueda intervenir en la universidad pública.

[2] Sin embargo, no todo era felicidad, ya que había cultura autoritaria en las dirigencias estudiantiles por los diferentes frentes abiertos o incluso, luego repartición de puestos (CVR 2003: 618).

[3] Quien era de la sierra, especialmente de Ayacucho o la sierra sur, era sospechoso de ser parte de SL.

[4] Como la Universidad Católica (1917), Cayetano Heredia, del Pacífico o de Lima (fundadasen los 60s), por ejemplo.

[5] Esto no exenta las universidades asociativas de culpa porque no son precisamente accesibles tampoco. Peor aún, utilizan el argumento de la educación como un servicio, amparándose en las crisis económicas o la ley 882 para subir las pensiones sin que necesariamente mejoren los servicios. Tal es el caso de la PUCP, que ha entrado desde los 90s en un proceso de re-elitización. Las demás, parecen ir por la misma lógica, aunque falta investigar más sobre esto. Lo mismo ocurre con sus contenidos, que van dejando de lado los cursos que permiten el conocimiento del país.